VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

VICTIMAS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA 

     Imagen tomada de: http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/mujeres-una-de-las-principales-v%C3%ADctimas-del-conflicto-colombiano-128666

Colombia ha sido y es un país marcado por la violencia, en el que se reconoce un conflicto interno armado a partir de 1948, lo cual no desconoce la existencia de un país que se ha desarrollado desde la conquista en un contexto de violencia. Un conflicto complejo que lleva más de 60 años de existencia, que ha enfrentado e involucrado a diversos actores estatales y no estatales; que ha dejado como consecuencia millones de víctimas entre muertos, desplazados, desaparecidos, torturados, secuestrados, mutilados, tanto civiles como militares, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos; además de los “5,5 millones de hectáreas despojadas abandonadas y  ocupadas por campesinos desplazados de otras regiones, paramilitares o testaferros” Cuando nos acercamos al tema del conflicto, encontramos que las consecuencias que este deja son múltiples y complejas, y por lo mismo, las formas de abordarlo en términos de legislación deberían modificarse para lograr un acercamiento más directo con las realidades que este nos presenta. Una de las realidades innegables del conflicto de Colombia, tiene que ver con el tema de las víctimas, pues “se calcula que en Colombia existen cerca de tres y medio millones de 7 López, Natalia. (2009).

imagen tomada en: www.eldesplazamientoforzadoblogger.com

“Las voces del desplazamiento” disponible en www.mediosparalapaz.org, recuperado: marzo 2009. 18 víctimas del conflicto armado, directas y sobrevivientes, entre 1964 y 2004, quienes sufrieron múltiples formas de victimización por miembros de grupos armados al margen de la ley y/o fuerzas del Estado.” y si nos acercamos más a los datos, encontramos que el conflicto colombiano ha cobrado en los últimos 20 años, según Amnistía Internacional, al menos la vida de 70.000 personas, la gran mayoría de ellos civiles muertos fuera de combate.9 A julio de 2009 la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) reporta 242.777 formularios radicados por víctimas sobrevivientes para reparación administrativa.

Entender la problemática de las víctimas implica comprender de antemano qué se entiende por víctima, cómo han sido consideradas y caracterizadas las víctimas en la legislación internacional que cobija a Colombia y en la que el país ha implementado internamente. Es a través de estas normas que las víctimas adquieren el estatus legal que les permite acceder a sus derechos. De acuerdo al Reglamento de Inscripción al Registro Único de Víctimas de la Violencia, son víctimas directas: las personas fallecidas, las personas desaparecidas, los miembros de las fuerzas del orden, integrantes de los 11 Organización de Naciones Unidas (ONU). (2005). 

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, 61a. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 20abr05, E/CN.4/RES/2005/35. 21 Comités de Autodefensa y autoridades civiles que hayan resultado heridas o lesionadas, quienes sufrieron tortura, quienes sufrieron lesiones graves, quienes sufrieron violación sexual, las personas que sufrieron otras formas de violencia sexual distintas de violación sexual, tales como esclavitud sexual, unión forzada, prostitución forzada y aborto forzado, los familiares de las personas muertas y desaparecidas en ese mismo período. 

Se entiende por familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas, al cónyuge o conviviente, los hijos y los padres. Son víctimas indirectas: los hijos producto de una violación sexual, las personas que siendo menores de edad integraron un comité de autodefensa, las personas indebidamente requisitoriadas por terrorismo o por traición a la patria, los que quedaron indocumentados. Beneficiarios: Son considerados beneficiarios individuales las víctimas según la definición ya mencionada y beneficiarios colectivos los grupos humanos conformados por comunidades campesinas, comunidades nativas y centros poblados que sufrieron daño en su estructura física y social debido a: concentración de violaciones individuales, arrasamiento, desplazamiento forzoso, quiebre o resquebrajamiento de la institucionalizad comunal, pérdida de infraestructura familiar, pérdida de infraestructura comunal. También son 22 beneficiarios colectivos los grupos organizados de desplazados no retornantes provenientes de comunidades afectadas, en sus lugares de inserción. ”

Acercándonos ya directamente a los avances jurídicos que ha tenido Colombia sobre la definición de víctima, nos encontramos que en la legislación nacional se consagra por primera vez una definición de víctima en 1997, lo que resulta sorprendente por lo tarde que se asume la problemática de las víctimas frente a un conflicto que para ese entonces ya tenía más de 40 años, y además la definición estaba más enfocada hacia el problema del desplazamiento y no contemplaba como víctimas a los familiares dependientes económicamente o a las colectividades.

imagen tomada de: www.nielbyran.com

Las mujeres víctimas del conflicto Desde hace casi una década, el grave impacto que ha tenido el conflicto armado colombiano en las mujeres ha sido documentado por varias organizaciones internacionales y nacionales, como: Amnistía Internacional, la Corporación Sisma Mujer, la Organización Femenina Popular, la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” y la Ruta Pacífica de las Mujeres, entre otras. Este impacto negativo también ha sido documentado por el Comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y que el 4 de mayo de 1999 presentó un informe expresando su preocupación especialmente por las mujeres desplazadas y cabezas de familia.

Igualmente, en el año 2002, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer expresa en su informe su preocupación por el aumento de la violencia sexual perpetrada por los actores armados de Colombia contra las mujeres. Además, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Relatores especiales de Naciones Unidas sobre el racismo y sobre la situación de los derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas han manifestado en los últimos cinco años su intranquilidad por la crítica situación. A este respecto, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, presentado en octubre del 2006, señala: “La violencia contra las mujeres es utilizada como estrategia de guerra por los actores del conflicto armado en su lucha por controlar territorios y comunidades en distintas zonas del país. En base a sus observaciones en el 26 terreno y a los testimonios recibidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado cuatro principales manifestaciones de violencia que afectan especialmente a las mujeres dentro del conflicto armado.

En primer término, los actores del conflicto armado emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, logrando así avanzar en el control de territorios y recursos. En estos casos, las mujeres pueden ser blanco directo o víctima colateral, como resultado de sus relaciones afectivas como hijas, madres, esposas, compañeras, o hermanas de alguno de los miembros de los grupos que participan como actores en el conflicto. En segundo término, la violencia destinada a causar el desplazamiento forzado de las mujeres del territorio que habitan y el consecuente desarraigo de sus hogares, vida cotidiana, comunidades y familias. En tercer término, la violencia sexual que puede acompañar el reclutamiento forzado de las mujeres, destinado a hacerlas rendir servicios sexuales a miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares. En cuarto término, la violencia destinada a hacerlas objeto constante de pautas de control social impuestas por grupos armados ilegales en las comunidades que habitan territorios que estos grupos mantienen bajo su control.